Olmué, 31 de Agosto de 2023
Nosotras, mujeres campesinas e indígenas, productoras del campo desde Arica a Aysén, reunidas en Olmué los días 29, 30 y 31 de agosto de 2023, junto al Cerro la Campana, reserva de la biósfera, en camino al Tercer Congreso Nacional Programático de ANAMURI, hemos reflexionado colectivamente sobre la realidad que enfrentamos como productoras, como habitantes de la ruralidad y como parte de los sectores populares del país. Luego de compartir experiencias, saberes y opiniones, hemos llegado a las siguientes conclusiones:
1. Los pueblos campesinos e indígenas y nuestra agricultura han estado bajo permanente agresión por parte de las políticas de Estado que privilegian a la gran agricultura y de los abusos que cometen de forma cotidiana los dueños de los grandes capitales agrarios y los efectos cada vez más graves en la destrucción ambiental.
2. La escasez de agua es extrema y dolorosa para la agricultura campesina e indígena; muchas de nuestras familias incluso no tienen agua para beber y dependemos de camiones aljibes. La escasez de agua no es producto natural o de la mega sequía que vivimos, es causada por la privatización del agua, el acaparamiento, la especulación y el robo por parte de las grandes empresas extractivistas, como las plantaciones forestales y frutícolas, la minería y las hidroeléctricas. La escasez continúa agravándose porque la agricultura campesina e indígena no tiene acceso real a los derechos de agua.
3. Nuestra labor como productoras, nuestros saberes, nuestros productos y nuestras personas son menospreciadas. No se nos consulta, no se toman en cuenta nuestras necesidades y particularidades, no se apoya nuestra producción. El enfoque y contenidos de los programas de apoyo y asistencia técnica no responden a las características y necesidades de la agricultura campesina y han sido incapaces de aportar a la superación de la pobreza rural, creando dependencia, clientelismo y endeudamiento. Esto no es casualidad, sino parte de un sistema que busca acabar con la agricultura campesina o subordinarla totalmente al agronegocio.
4. La asistencia técnica que se nos entrega es claramente deficiente, con equipos técnicos que a menudo desconocen los procesos de la producción campesina e indígena y muchas veces no muestran interés alguno por responder a nuestras necesidades. Las políticas y programas públicos, incluida la asistencia técnica, nos imponen condiciones, métodos de producción, cultivos a sembrar, formas de comercialización, etc. Sin embargo, cuando los proyectos productivos en los que nos involucran, no funcionan, la responsabilidad cae sobre nosotras, dejándonos endeudadas y con pérdidas en la producción.
5. A través del tiempo, nuestras familias y comunidades se han visto obligadas a vender la tierra o dejar de producir en parte de ella. El campesinado ha perdido millones de hectáreas y seguimos perdiendo la tierra; los jóvenes no tienen oportunidades en el campo y el abandono y envejecimiento se ha acelerado.
6. Vemos con gran alarma que el Servicio Agrícola y Ganadero – SAG ha comenzado a exigir procesos de trazabilidad para nuestras semillas y ha reanudado una política de impedir nuestros intercambios e incluso confiscar nuestras semillas, impidiendo que ejerzamos nuestro derecho al libre uso de las mismas, algo que no podemos dejar de vincular con los intentos de criminalizar y castigar con cárcel nuestras prácticas ancestrales de producción. Por otro lado, la acción fiscalizadora del SAG sobre la mosca de la fruta nos castiga incluso destruyendo nuestra producción, y no fiscaliza de manera adecuada a quienes provocan el problema, que son las grandes extensiones de plantaciones frutícolas y la importación de fruta.
7. El cultivo industrial de salmones y otras especies marinas ha contaminado los mares y destruido las especies nativas. La subsistencia de quienes vivimos de la tierra y el borde de mar se complica cada vez más y nuestros nietos y sus hijos ya no conocerán la riqueza que el mar nos entregaba.
8. La violencia nos azota de diversas formas, no solo contra las mujeres, también contra las y los ancianos, contra las niñas y niños; sufrimos violencia laboral, institucional, policial y doméstica, a lo que se suma cada vez más la violencia de las mafias del narcotráfico.
Luego de comprobar que estas problemáticas son compartidas a lo largo y ancho del país, hemos acordado impulsar un conjunto de acciones y movilizaciones que nos permitan avanzar hacia un país y una sociedad de mayor justicia y dignidad.
1. La crisis del agua debe ser enfrentada con urgencia y profundidad. Nuestro objetivo final es desprivatizar el agua y garantizar el acceso para el consumo humano, para los cultivos, la crianza y el cuidado de los animales. En lo inmediato, las políticas de Estado deben ampliar en todo lo que la ley permita el acceso al agua de parte de la agricultura campesina e indígena.
2. Reiteramos nuestro compromiso permanente e incansable con la soberanía alimentaria y la defensa de nuestras semillas. Continuaremos y reforzaremos nuestra campaña por la defensa de las semillas campesinas y por nuestro derecho a cuidarlas, cultivarlas, multiplicarlas e intercambiarlas libremente.
3. Buscamos acabar con los grandes monocultivos forestales y agrícolas, y recuperar la diversidad que debe caracterizar a la agricultura y la naturaleza. En lo inmediato, las empresas del monocultivo deben hacerse responsables de la destrucción y desastres ambientales que provocan.
4. La agricultura campesina e indígena de base agroecológica debe ser el centro de la agricultura, reemplazando el modelo actual del agronegocio que solo provoca daño, exclusión, explotación y destrucción ambiental.
5. Las exigencias sanitarias deben ser redefinidas para hacer posibles el procesamiento y los servicios de acuerdo a las condiciones existentes en el campo, sin sacrificar la calidad sanitaria, pero aplicando la flexibilidad y creatividad necesarias.
6. Si las medidas sanitarias relacionadas a plagas conllevan a la destrucción forzada de nuestra producción, el SAG o algún otro servicio del Estado debe indemnizarnos.
7. Los programas de asistencia técnica y financiera deben ajustarse a las demandas y definiciones que hagamos las y los campesinos, y no imponer criterios rubristas, clientelares y subsidiarios.
8. Los programas de capacitación deben respetar y valorar los saberes campesinos e indígenas. En lo inmediato, saludamos los programas de capacitación en agroecología impulsados desde el Ministerio de Agricultura, pero ellos deben incluir campesinos y campesinas agroecológicas también como capacitadores.
9. Necesitamos superar la brecha informática a fin de que los nuevos sistemas de acceso a los servicios del Estado no sean una limitación para ejercer nuestro oficio. Los servicios públicos deben garantizar capacitación con especial atención a las necesidades de adultos en el campo; igualmente se debe garantizar la conectividad de calidad en el mundo rural.
10. Las instituciones de apoyo a la agricultura campesina deben ser fortalecidas y financiadas adecuadamente. Es urgente aumentar los recursos de apoyo a las mujeres campesinas.
11. Nos comprometemos a fortalecer ANAMURI y a nuestras organizaciones de base y a construir un campo organizado, donde la acción y la colaboración entre todas y todos nos permita recuperar la identidad, los valores y las formas de vida y convivencia de los pueblos campesinos e indígenas y afrodescendientes.
¡¡Sin miedo, con convicción y esperanza
convertiremos nuestros sueños en acción!!
Compartimos declaración de las Productoras Agrícolas:
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